Lunes 22 de septiembre de 2008. por copenoa
El gobierno de la provincia deberá anular los cuestionados edictos policiales, que privan de la libertad a las personas sin orden judicial, La medida obedece a un pedido del gobierno nacional que fuera intimado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Bulacio. A eliminar estas normas.El gobierno nacional realizó el pedido a las provincias en el encuentro del Consejo de Seguridad Interior, del que participaron Ministros y jefes policiales del país y de esta provincia.
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena al Estado argentino, que sean derogadas todas las normas que facultan a las diversas fuerzas de seguridad a detener personas sin orden de un juez o sin haber sido encontradas cometiendo un delito. También prohíbe la facultad de las fuerzas de seguridad de realizar detenciones por "averiguación de antecedentes".
El abuso y utilización de las contravenciones. Averiguación de antecedentes
La provincia de Salta registro más de 45 mil detenciones durante un año por averiguación de antecedentes durante el gobierno del peronista Juan Carlos Romero, que utilizo esta ilegal norma, para amedrentar fundamentalmente la protesta social, según denunciaron Organizaciones Sociales e Indígenas como Partidos Políticos y periodistas de esta provincia.
Las cifras de los ciudadanos privados de su libertad por la cuestionada norma aplicada en esta provincia, donde el jefe de policía es quien decide sobre la libertad de las personas, estableciéndose como un cuarto poder, surgieron luego de un pedido de informe realizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados provincial a la Secretaría de Seguridad, la que afirmo que por fin de semana quedaban privados de su libertad unos 500 salteños, 45 mil al año, por averiguación de antecedentes.
